Resumen: Se examina la calificación del despido (disminución de rendimiento) cuya improcedencia se reconoce, reiterando el recurrente la nulidad del producido bajo el contexto del COVID, incumpliéndose la prohibición de despedir que impone la norma defraudada. Tras reiterar (invocando la sentencia de Pleno a que se remite) que la nulidad se reserva para los supuestos de vulneración de derechos fundamentales, analiza la Sala si la especial legislación COVID-19 prohibe el despido con los efectos a derivar de su calificación. Desde la normativa que ofrecen los sucesivos RRDD que la conforman, y aun sin desconocer su carácter excepcional y temporal, advierte que su finalidad es la de impedir que la empresa extinga válidamente (con sanción de improcedencia, que no de nulidad) un contrato por causas objetivas relacionadas con una situación que podría haber motivado la adopción de medidas de flexibilidad interna conducentes al mantenimiento del empleo. Se confirma el pronunciamiento de instancia incluido su rechazo del recargo moratorio sobre la indemnización. Frente a lo así resuelto opone el VP que la declaración de nulidad resulta tanto de la contravención de un mandato imperativo como del principio de tutela judicial efectiva; presumiendo (los concurrentes) que la decisión empresarial no atiende a la conducta sancionada sino al contexto socioeconómico derivado de la crisis por el Covid. Los efectos de aquel incumplimiento derivan de las reglas generales de eficacia de los contratos.
Resumen: PRIMERO.- Se alza la representación procesal de Dª Carmen frente a la Sentencia cuyo Fallo ha quedado transcrito en los antecedentes de la presente resolución, en solicitud de su revocación por evidente error en la valoración de la prueba e inaplicación indebida del art. 172.3 del CP, con vulneración del art. 24 de la C.E. , y se dicte otra en su lugar por la que se absuelva libremente a Dª Carmen. Alternativamente, si no se estimara totalmente el recurso al objeto de dictarse una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables, y sólo fuera revocada parcialmente, se estime el motivo cuarto y se le imponga la sanción mínima de tiempo y cuota, por no haberse llevado a cabo la indagación de la capacidad económica de la sancionada, basándose únicamente en meras presunciones, error atribuible únicamente al órgano judicial.
Resumen: Se solicita por el apelante la nulidad de actuaciones con repetición del acto del juicio, en base tanto a la pretendida ilicitud de la prueba de interrogatorio del actor, la cual se realizó por videoconferencia, manifestando que el rostro del mismo, si bien dijeron que era el del actor, no se había comprobado debidamente, como por el hecho de que la acreditación de su identidad se realizó interponiendo el actor un pasaporte, ante la cámara, unos escasos 2 segundos. Pero asimismo, se añade que la grabación es defectuosa pues no se oyen las manifestaciones realizadas por el Letrado oponiéndose a la celebración de la prueba, la respuesta judicial ni su protesta, ni tampoco se oyen las preguntas de los Letrados de las partes, de la propia Magistrada, ni las respuestas realizadas por el demandante. La Sala desestima el recurso, no solo por las especiales circunstancias en que la prueba se realizó, en estado de alarma y en la fase tres de la desescalada, sino porque no se observa indefensión. En cuanto al primer punto, consta la exhibición del pasaporte, no negando en ningún momento el apelante la identidad del declarante, y en cuanto al segundo punto, consta la falta de relevancia que el interrogatorio del actor tuvo para la causa, como se desprende de que incluso en la apelación, no se alega una eventual contradicción de la sentencia con lo admitido en la confesión, habiendo podido solicitar la reiteración de la misma en la alzada, para subsanar el defecto, lo que no se hizo.
